Nueva orden del gobierno de Trump podría conducir a la detención de miles de refugiados legales

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — El gobierno del presidente Trump ha emitido una nueva orden de amplio alcance que podría conducir al arresto de decenas de miles de refugiados que se encuentran legalmente en Estados Unidos pero que aún no cuentan con la residencia permanente, revirtiendo años de salvaguardas legales y migratorias.

El Departamento de Seguridad Nacional presentó el miércoles un memorando en el que señala que los refugiados que solicitan la tarjeta de residencia permanente deben ser colocados nuevamente bajo custodia federal un año después de su admisión en Estados Unidos para revisar sus solicitudes.

El Departamento de Seguridad Nacional “puede mantener custodia durante todo el proceso de inspección y examinación”, según el memo.

Grupos de defensa y de reasentamiento arremetieron contra la orden, que probablemente será impugnada y podría sembrar confusión y miedo entre los casi 200,000 refugiados que llegaron a Estados Unidos durante el gobierno del presidente Joe Biden.

Se trata de la más reciente en una serie de restricciones migratorias que ha trastocado políticas de larga data hacia los refugiados, incluida la reducción drástica del número de admisiones en el país. Un memorando al que The Associated Press tuvo acceso a finales del año pasado indica que el gobierno tenía planeado revisar las solicitudes de todos los refugiados que fueron admitidos en el país durante la presidencia de Biden y suspende de inmediato la aprobación de tarjetas de residencia permanente para los refugiados que llegaron en esos años.

El gobierno ha justificado sus cambios con argumentos de preocupaciones de seguridad nacional y económicas. Los expertos afirman que los refugiados a quienes se les permite entrar al país ya pasaron por un exhaustivo proceso de verificación.

La nueva orden llegó horas antes de que el juez federal John Tunheim escuchara el jueves argumentos sobre si debía extender una orden temporal que protege del arresto y la deportación a refugiados en Minnesota que se encuentran legalmente en Estados Unidos. La orden de Tunheim es aplicable únicamente en Minnesota, pero las implicaciones de la nueva política nacional ocuparon una buena parte de la discusión.

De momento se desconoce cuántas personas podrían ser arrestadas en virtud de la nueva orden.

El abogado del Departamento de Justicia Brantley Mayers sostuvo durante la audiencia del jueves que el gobierno debería tener el derecho de arrestar a los refugiados un año después de su ingreso al país, pero dio a entender que eso no ocurriría en todos los casos.

“Esa es una decisión discrecional del DHS”, manifestó, refiriéndose al Departamento de Seguridad Nacional por sus iniciales en inglés, en un comentario recibido con escepticismo por los abogados de los refugiados.

Tunheim no emitió un fallo el jueves, asegurando que daría a conocer una decisión por escrito sobre la extensión de la orden temporal.

Después de la audiencia, la senadora federal demócrata Tina Smith declaró que el gobierno “no logró ofrecer ningún argumento coherente para su política, ni en cuestiones de derecho ni en hechos”. No estuvo en la sala durante la audiencia, pero dijo que le informaron sobre lo ocurrido.

“Y por lo tanto, seguiremos luchando por la justicia en los tribunales”, expresó Smith, quien estuvo acompañada de abogados y defensores de los derechos de los refugiados, incluida la representante federal Ilhan Omar.

Grupos activistas arremeten contra la nueva orden

Defensores de los derechos de los inmigrantes no tardaron en criticar la nueva política. HIAS, una organización internacional judía sin fines de lucro que atiende a refugiados y solicitantes de asilo, la calificó como “un esfuerzo transparente para detener y posiblemente deportar a miles de personas que están legalmente presentes en este país, personas a las que el propio gobierno de Estados Unidos dio la bienvenida”.

“Se les prometió seguridad y la oportunidad de reconstruir sus vidas. En su lugar, el DHS ahora los amenaza con ser arrestados y detenerlos de forma indefinida”, subrayó Beth Oppenheim, directora ejecutiva del grupo.

Tunheim prohibió el mes pasado que el gobierno fuera tras los refugiados en Minnesota, señalando que los demandantes en el caso probablemente prevalecerían con base en sus alegatos “de que su arresto y detención, y la política que pretende justificarlos, son ilegales”. Su orden temporal del 28 de enero expirará el 25 de febrero, a menos que conceda una extensión.

El juez ya había rechazado previamente el argumento del gobierno de que tenía el derecho legal de arrestar y detener a refugiados que no hayan obtenido su tarjeta de residencia permanente un año después de llegar a Estados Unidos.

“Imponer la detención conduciría a un resultado ilógico”, escribió Tunheim, debido a que los refugiados no pueden siquiera solicitar la tarjeta de residencia permanente hasta que hayan estado un año en Estados Unidos. La interpretación del gobierno, añadió, significa que casi todos los refugiados enfrentarían una detención a menos que los funcionarios de inmigración revisen sus casos exactamente al cumplir el año, lo que calificó de “absurdo”.

Grupos defensores de los derechos de los refugiados interpusieron una demanda en enero contra el gobierno federal después de que el gobierno lanzó la Operación para una Nueva Verificación de Refugiados Posterior a la Admisión y Fortalecimiento de la Integridad (PARRIS por su acrónimo en inglés).

La medida fue presentada como una “iniciativa de amplio alcance” para reexaminar los casos de 5.600 refugiados en Minnesota a quienes aún no se les había concedido el estatus de residentes permanentes, o una tarjeta de residencia permanente. Las agencias citaron un fraude en los programas públicos en Minnesota como justificación.

La Operación PARRIS formó parte de la ofensiva migratoria federal en Minnesota, que incluyó el despliegue de miles de agentes federales. El DHS la calificó como el mayor operativo migratorio en la historia del país, el cual desató protestas multitudinarias después de que agentes federales abatieron a dos ciudadanos estadounidenses.

El “zar” fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, anunció la semana pasada que el despliegue estaba por llegar a su fin, aunque se mantendría una pequeña presencia federal en la zona.

Verificación exhaustiva a refugiados

La demanda argumenta que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas fueron de puerta en puerta para arrestar refugiados y enviarlos a centros de detención en Texas, donde no tuvieron acceso a abogados. Algunos fueron liberados posteriormente en Texas y se vieron obligados a encontrar por su cuenta la manera de regresar a Minnesota, señalaron.

Tunheim señaló en su orden que múltiples agencias realizan una verificación exhaustiva de los refugiados antes de que se les permita reasentarse en Estados Unidos. Escribió que ninguno de los arrestados durante la operación había sido considerado un peligro para la comunidad o un riesgo de fuga, ni se había acusado a alguno de ellos de delitos que puedan ser motivo de deportación.

El juez subrayó que los refugiados afectados por su orden fueron admitidos en Estados Unidos debido a que eran objeto de persecución en sus países de origen. Prohibió nuevos arrestos al amparo de la Operación PARRIS y ordenó que los detenidos que seguían bajo custodia como resultado de la operación fueran liberados y enviados de regreso a Minnesota.

“No están cometiendo delitos en nuestras calles, ni cruzaron ilegalmente la frontera. Los refugiados tienen el derecho legal de estar en Estados Unidos, el derecho a trabajar, el derecho a vivir en paz”, escribió.

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