Demócratas piden quitar pregunta sobre ciudadanía en prueba de 2026 para el censo de EE.UU.
AP -La Oficina del Censo de Estados Unidos planea usar un cuestionario con una pregunta sobre si se es ciudadano o no como parte de su prueba de práctica para el censo de 2030, lo que podría poner en riesgo el conteo que se realiza cada década y ahuyentar a los inmigrantes para que no participen, advirtieron el jueves demócratas en el Congreso.
Los demócratas de la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes instaron a la Oficina del Censo a abandonar los planes de usar el formulario de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, que incluye la pregunta acerca de la ciudadanía, y a utilizar en su lugar un cuestionario censal tradicional que la omita. Las pruebas a efectuarse sobre el terreno en Huntsville, Alabama, y Spartanburg, Carolina del Sur, comienzan el próximo mes.
“La administración (del presidente Donald) Trump está arriesgando millones de dólares de los contribuyentes para impulsar políticas que podrían comprometer fatalmente el conteo de 2030 incluso antes de que comience”, escribieron en una carta dirigida al director interino de la Oficina del Censo, George Cook, y al secretario de Comercio, Howard Lutnick, cuyo departamento supervisa la agencia estadística.
La Oficina del Censo y el Departamento de Comercio no respondieron de momento a correos electrónicos en los que se les solicitaban comentarios.
La prueba de campo le da a la agencia estadística la oportunidad de aprender cómo contabilizar mejor a poblaciones que fueron subcontadas durante el último censo. El conteo determina cuántos escaños en el Congreso y votos del Colegio Electoral recibe cada estado, así como la forma en que se distribuyen anualmente 2,8 billones de dólares en fondos federales. Entre los nuevos métodos que se están probando figura el uso de trabajadores del Servicio Postal para realizar tareas que antes hacían los empleados del censo.
En las últimas semanas, la Oficina del Censo hizo públicos los planes para la prueba de 2026, que utilizaría el formulario de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense —en la cual se le plantean una amplia gama de preguntas a los participantes—, y eliminó otras cuatro ubicaciones previstas: Colorado Springs, Colorado; el oeste de Carolina del Norte, el oeste de Texas y tierras tribales en Arizona.
Los demócratas expresaron su preocupación de que la pregunta sobre ciudadanía en el formulario de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense que se usaría genere un subconteo al disuadir a los inmigrantes —incluidos los residentes legales— de participar.
“Muchos inmigrantes o ciudadanos en familias de estatus mixto, incluidos los titulares de la tarjeta de residencia permanente (conocida como tarjeta verde) y otros residentes permanentes legales, enfrentan miedo, caos e incertidumbre sobre a quién apuntará la administración Trump a continuación para desnaturalización y deportación”, señalaron en su carta.
En su primer mandato, Trump intentó sin éxito añadir una pregunta sobre ciudadanía al formulario del censo de 2020. El presidente republicano también firmó órdenes que habrían excluido a las personas que están en Estados Unidos ilegalmente de las cifras utilizadas para repartir los escaños del Congreso entre los estados, y ordenó la recopilación de datos sobre ciudadanía.
La Corte Suprema federal bloqueó el intento de añadir la pregunta sobre ciudadanía, y ambas órdenes fueron revocadas cuando el demócrata Joe Biden asumió la presidencia en enero de 2021, antes de que se publicaran las cifras del censo de 2020.
La 14ª Enmienda de la Constitución dice que debe contarse “el número total de personas en cada estado” para las cifras utilizadas en la asignación, el proceso de repartir los escaños del Congreso y los votos del Colegio Electoral entre los estados. La Oficina del Censo ha interpretado que eso se refiere a cualquier persona que viva en Estados Unidos, independientemente de su estatus legal.
Mientras tanto, en una demanda federal en Luisiana, el Departamento de Comercio indicó el jueves que los criterios, aún por publicarse, sobre quién debe ser contado en el censo de 2030 podrían llevar a la desestimación de una demanda presentada hace un año por cuatro fiscales generales estatales republicanos. Esa impugnación judicial intentaba excluir del conteo a las personas que están en Estados Unidos ilegalmente en las cifras utilizadas para retrazar los distritos legislativos.
Los abogados del gobierno federal solicitaron que se mantenga la suspensión del caso mientras la oficina determina “el asunto en el centro de este caso: si, y cómo, contar a los ciudadanos de países extranjeros que estén en Estados Unidos para el Censo de 2030”.
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